Sancionan a dos servidores públicos por pedir vales de despensa y querer justificar bebidas alcohólicas
Las faltas cometidas desde las oficinas encargadas de vigilar el uso correcto de los recursos públicos también pueden terminar frente a un tribunal. En este caso, dos personas servidoras públicas fueron sancionadas por actos de cohecho relacionados con la solicitud de prestaciones y el reembolso de gastos que no les correspondían.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, mediante su Órgano Interno de Control (OIC), acreditó que entre 2018 y 2019 dos funcionarios del OIC en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., solicitaron vales de despensa pese a no tener derecho a esa prestación.
Además, se detectó que entre los gastos cuyo reembolso solicitaron se incluyeron bebidas alcohólicas.
Las pruebas fueron presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determinó la existencia de faltas administrativas graves y estableció sanciones para ambos exservidores públicos.
Diez años de inhabilitación
La sanción más severa fue para Juan José R., quien se desempeñaba como titular del Órgano Interno de Control. El Tribunal determinó una inhabilitación temporal de 10 años y el pago de una indemnización de 100 mil pesos por el daño patrimonial ocasionado.
En el caso de Víctor Hugo A., titular del Área de Responsabilidades, se estableció una inhabilitación de un año, además de una indemnización por 13 mil 630 pesos.
La resolución pone nuevamente sobre la mesa una pregunta que suele quedar lejos de los comunicados oficiales: ¿qué ocurre cuando quienes tienen la responsabilidad de vigilar la legalidad dentro de una institución son señalados precisamente por incumplirla?
El derecho a impugnar sigue vigente
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones.
En caso de que recurran las sanciones, la dependencia aseguró que defenderá las determinaciones ante las instancias correspondientes.
Este punto es relevante: las sanciones informadas forman parte de un procedimiento administrativo y, mientras exista la posibilidad de impugnación, los involucrados conservan sus derechos legales para controvertir las resoluciones.
El dinero público también cuenta
Más allá de los nombres y los cargos, el caso vuelve a poner atención sobre algo que suele perderse entre expedientes y procedimientos administrativos: los recursos públicos provienen, directa o indirectamente, de la sociedad.
Cuando se utilizan prestaciones que no corresponden o se solicita el reembolso de gastos que no debieron cargarse al erario, el problema no se reduce a una irregularidad burocrática. Existe un impacto sobre recursos que tienen como destino atender necesidades y servicios públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llamó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de denuncias.gob.mx.
Cierre
La corrupción no siempre aparece en grandes cifras ni en escándalos que ocupan titulares durante semanas. A veces también se encuentra en pequeños abusos que, acumulados, terminan debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En este caso, el mensaje de la autoridad es que incluso quienes ocupan espacios destinados a vigilar el cumplimiento de las reglas pueden ser investigados y sancionados.
La verdadera prueba, sin embargo, está en que estos procedimientos no solo castiguen cuando la irregularidad ya ocurrió, sino que ayuden a construir instituciones donde utilizar recursos públicos con honestidad no sea una excepción, sino la regla.
