Proponen elevar a rango constitucional la vacunación para la niñez oaxaqueña
La iniciativa busca garantizar que el suministro gratuito, universal y oportuno sea una obligación estatal inamovible
Con el firme objetivo de priorizar la salud preventiva de las nuevas generaciones, el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó en el Congreso local una iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política local para elevar a rango constitucional el derecho de niñas y niños a recibir de manera gratuita, universal y oportuna las vacunas del esquema nacional.
El Proyecto de Decreto establece que las autoridades competentes tendrán la obligación prioritaria de garantizar el suministro, aplicación y seguimiento de las vacunas. Actualmente, el artículo 12 constitucional reconoce el derecho a la salud de la niñez y adolescencia; sin embargo, la vacunación no figura de forma expresa como un derecho específico.
Si bien la obligación de proporcionar vacunas gratuitas se contempla en la legislación secundaria, como la Ley General de Salud, al otorgarle rango constitucional se asegura que el acceso universal permanezca como una política de Estado permanente y ajena a coyunturas externas.
En la exposición de motivos, el legislador Casique Zárate mencionó que elevar este derecho a rango constitucional otorga mayor certeza jurídica a las familias, obliga a las autoridades estatales y municipales a garantizar la cobertura, disponibilidad y seguimiento de las vacunas, y contribuye de manera directa a reducir las desigualdades sociales y territoriales en el acceso a los servicios de salud.
Indicó que la vacunación constituye uno de los mayores logros de la medicina moderna. Gracias a los programas nacionales de inmunización, México logró erradicar la poliomielitis en 1990 y eliminar el sarampión endémico en 2016, reduciendo en más de 90 por ciento la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles.
La propuesta de reforma fue presentada en Sesión Ordinaria el 24 de febrero del año en curso y fue turnada a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su análisis y dictamen.
