Diputados debaten reforma constitucional para prohibir vapeadores y fentanilo
Al fijar la posición de MC contra la reforma, la diputada Iraís Reyes sacó un vapeador e hizo uso de él en la tribuna parlamentaria, antes de que Morena prohíba dichos dispositivos.
El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como los precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo.
El proyecto en materia de protección a la salud, propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero plantea sancionar “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.
“Queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4 anterior”, establece el dictamen.
Al fijar la posición del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano contra la reforma, la diputada Iraís Reyes sacó un vapeador e hizo uso de él en la tribuna parlamentaria, antes de que Morena prohíba dichos dispositivos y el ejercicio de las libertades, dijo.
La también legisladora emecista, Gloria Elizabeth Núñez, sostuvo a su vez que la reforma constitucional solamente beneficiará al crimen organizado, pues la prohibición de los vapeadores en países como Brasil, lejos de reducir su uso, contribuye a la expansión del mercado negro como fuente de acceso a esos productos.
Subrayó que los usuarios de vapeadores y cigarros electrónicos en México pasó de un millón en 2019 a más de 2 millones en 2024, mientras el mercado negro en el país genera entre 3 mil millones y 5 mil millones de pesos al año.
En sus artículos transitorios, el proyecto de decreto otorga al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico en la materia y establece 365 días para que las legislaturas de las entidades federativas realicen las adecuaciones normativas necesarias para el cumplimiento del decreto.
Agencia : MILENIO
