COP4 de Escazú impulsa acción y justicia ambiental en América Latina
La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó con avances decisivos para su implementación en América Latina y el Caribe, marcando el paso de los compromisos a la acción concreta en materia de justicia ambiental y protección de personas defensoras del medio ambiente.
Durante el encuentro se aprobaron 10 decisiones clave que consolidan al Acuerdo de Escazú como el principal instrumento regional para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Entre los logros más relevantes destaca el impulso a un mecanismo de respuesta rápida orientado a proteger a quienes defienden el medio ambiente.
En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo para hacer frente a la crisis climática, posicionando al Acuerdo como una herramienta esencial para asegurar transparencia y participación.
México tuvo una participación activa en las discusiones y respaldó el fortalecimiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, al considerarlo clave para avanzar hacia una implementación efectiva en el territorio. La delegación mexicana estuvo integrada por la Semarnat, Profepa y la SRE, encabezada por la procuradora Mariana Boy Tamborrell, junto con representantes de alto nivel de las distintas dependencias.
El país también destacó los avances en el desarrollo del mecanismo de respuesta rápida y presentó su ruta nacional de implementación, una estrategia interinstitucional que contempla acciones a corto, mediano y largo plazo, y que será sometida a consulta pública para garantizar su aplicación a nivel territorial.
Asimismo, se registraron progresos en temas como el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el acceso a la justicia ambiental, áreas en las que México manifestó su interés de participar activamente en los grupos de trabajo correspondientes.
La COP4 también fortaleció la inclusión de organizaciones de la sociedad civil, redes regionales y foros internacionales, así como la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal para garantizar un acceso equitativo a derechos ambientales.
En el ámbito institucional, se formalizó la nueva Mesa Directiva del Acuerdo, presidida por San Cristóbal y Nieves, con Colombia, Bahamas, Belice y Panamá como vicepresidencias. Panamá anunció además su intención de albergar la COP5 en abril de 2028.
Los resultados de la conferencia confirman que la región avanza hacia una nueva etapa centrada en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, donde la democracia ambiental se consolida como un elemento fundamental para garantizar la justicia en América Latina y el Caribe.
