Aseguran más de 362 metros cúbicos de madera en Michoacán
Autoridades ambientales aseguraron de manera precautoria más de 362 metros cúbicos de madera durante cinco inspecciones realizadas en aserraderos de la franja aguacatera de Michoacán, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Las diligencias se efectuaron los días 11, 12 y 14 de agosto en Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT) localizados en Santa Clara del Cobre, municipio de Salvador Escalante, y San Miguel del Monte, en Morelia.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las inspecciones tuvieron como finalidad verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales.
Durante las acciones fueron asegurados precautoriamente 101.400 metros cúbicos de madera de pino en rollo, 242.947 metros cúbicos de pino en escuadría y 16.178 metros cúbicos de oyamel en escuadría, para un total de 360.525 metros cúbicos.
A este volumen se sumaron otros 1.500 metros cúbicos de madera de pino en escuadría localizados en un centro de San Miguel del Monte, donde también fue asegurada maquinaria de aserrío.
En dos de los establecimientos inspeccionados, los responsables no presentaron el Libro de Registro de Entradas y Salidas de materias primas y productos forestales maderables, documento utilizado para acreditar la trazabilidad y legal procedencia de la madera.
Como parte de una resolución administrativa derivada de un procedimiento previo, las autoridades también desmantelaron y deshabilitaron un centro de almacenamiento y transformación en San Miguel del Monte.
En ese lugar fueron asegurados una torre de aserrío, un carro porta trozas de empujón y un motor eléctrico, maquinaria que fue trasladada a un sitio de resguardo mientras se determina su destino conforme al procedimiento administrativo.
La Profepa informó que dará seguimiento a los procedimientos instaurados y verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas sobre las materias primas forestales aseguradas.
Las acciones forman parte de la estrategia de vigilancia para combatir la tala ilegal y evitar el aprovechamiento y comercialización de recursos forestales de procedencia ilícita en la región.
