Detienen a dos personas por tráfico de cocodrilos y tortugas protegidas en Tabasco

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia penal por delitos contra la biodiversidad, luego de que dos personas fueran detenidas por transportar de manera ilegal 10 ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y 27 ejemplares de hicotea o tortuga gravada (Trachemys scripta) a bordo de un autobús del servicio de autotransporte federal.
De acuerdo con la dependencia federal, ambas especies se encuentran catalogadas bajo la categoría de Protección Especial (Pr) en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su posesión y traslado sin la autorización correspondiente constituye un delito federal. Además, los animales eran transportados en condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo su bienestar y supervivencia.
Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco realizaron una inspección en la carretera Matamoros–Puerto Juárez, en el tramo Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de la caseta fitosanitaria Tonalá, en el municipio de Huimanguillo.
Tras el aseguramiento de los ejemplares y la detención de los presuntos responsables, la Fiscalía General de la República solicitó a la Profepa la elaboración del dictamen pericial correspondiente y puso a disposición de la institución a los 37 ejemplares para su resguardo.
Personal de la Profepa trasladó a los animales a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde especialistas realizan la valoración de su estado de salud y brindan la atención necesaria para garantizar su recuperación.
La dependencia informó que ya presentó la denuncia penal y el peritaje que será integrado a la carpeta de investigación, además de que dará seguimiento al proceso judicial para contribuir al combate del tráfico ilegal de vida silvestre en el país.
La Profepa recordó que tanto el cocodrilo de pantano como la tortuga hicotea están protegidos por la legislación ambiental mexicana debido a que sus poblaciones pueden verse afectadas por la captura, comercialización y tráfico ilegal. Por ello, las autoridades reiteraron que estos delitos pueden derivar en sanciones penales para quienes participen en la extracción, transporte o comercialización ilícita de ejemplares de vida silvestre.
