Exigen justicia en Legislatura por represión gubernamental al movimiento social del 2006 en Oaxaca
Las y los integrantes de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca recibieron un exhorto mediante el cual se exige justicia por la represión que ejercieron funcionarios públicos, contra el movimiento social oaxaqueño del año 2006.
En especial, se solicita a la Fiscalía General del Estado, para que llame al ex gobernador, Ulises Ruiz Ortiz a declarar ante un juez, al igual que al ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el ex director de Seguridad Pública, Manuel Vera Salinas; el ex director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas y demás funcionarios estatales y municipales involucrados en los hechos señalados.
La propuesta presentada por los diputados César David Mateos Benítez y Horacio Sosa Villavicencio, del grupo parlamentario de Morena, determina que se le finquen responsabilidades penales por los crímenes cometidos, que van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, delitos que no expiran.
Asimismo, convoca a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a que, en conjunto con el Poder Legislativo realicen una declaración pública de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y disculpas por la violación de los derechos humanos cometida desde el poder público.
Este año, se conmemoran 16 años de los lamentables hechos ocurridos el 14 de junio de 2006, tras un fallido intento policiaco por desalojar el zócalo capitalino, de un plantón de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, quienes protestaban por la falta de cumplimiento de sus demandas gremiales.
Posteriormente, entre los años 2006 y 2007, la represión al movimiento social oaxaqueño, organizado principalmente por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), implicó violaciones cometidas de manera masiva y sistemática a los derechos humanos en contra de miles de personas.
También se cometieron crímenes de lesa humanidad, documentados por organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y finalmente la Comisión de la Verdad creada en el sexenio anterior por el propio gobierno estatal.
La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
