El Congreso cumple con medio plan C; 11 reformas en tres meses

Aprueban mitad del plan C; algunas reformas se atascan

Mientras algunas se hicieron realidad en unos pocos días o semanas, otras se mantienen en discusión o franco freno en el Congreso de la Unión.

A pesar del intenso trabajo en sólo tres meses, el Congreso de la Unión concretó hasta el momento únicamente el 55% del plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del 45% restante, dos reformas se frenaron por una decisión económico-política: el aumento al salario mínimo y elevar a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El pasado 5 de febrero, el expresidente de la República entregó a la Cámara de Diputados un paquete de 20 reformas; de las cuales 18 son constitucionales y dos legales. El entonces mandatario federal anunció que si Morena y sus aliados políticos lograban la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, todas esas reformas iban a ser una realidad, pues en febrero del 2024 el oficialismo morenista no tenía la mayoría calificada para lograrlas.

Morena, junto con el PT y el Partido Verde, así como la decisión de tres senadores que llegaron por la oposición, pero que se cambiaron a Morena: José Sabino Herrera y Araceli Sauceda, que eran del PRD, así como el panista Miguel Ángel Yunes, permitieron la existencia de la mayoría calificada, y de acuerdo con panistas y priistas, el criterio del INE y la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgarle al oficialismo una mayoría que no logró en las urnas permitió que se comenzara a concretar el llamado plan C.

Hasta el momento, de las 18 reformas constitucionales que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se concretaron 11, desde el 1 de septiembre hasta este 2 de diciembre.

Sin embargo, de esas 11, una está congelada, a pesar de contar ya con la aprobación en Cámara de Diputados, en el Senado de la República y validada por 20 de los Congresos estatales desde el mes pasado: el aumento a los salarios mínimos igual o por arriba de la inflación anual. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados han declarado su validez constitucional.

Hay otras tres que ya tienen declaratoria de validez constitucional, pero que todavía no están vigentes, porque no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación: pensiones del bienestar, vivienda y bienestar animal

Otras dos están en el cierre de su recorrido por los Congresos estatales y el martes serán declaradas válidas por el Congreso de la Unión: ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, que ya tiene los 17 votos mínimos que necesita, y la eliminación de siete órganos autónomos, que hasta anoche sumaba 12 votos aprobatorios de Congresos estatales.

Hasta el momento, sólo cinco son una realidad plena, porque ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y son una realidad: Poder Judicial, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; Guardia Nacional, transporte ferroviario y retorno de CFE y Pemex como empresas públicas.

Dentro del paquete de 18 reformas constitucionales propuestas por el expresidente de la República el pasado 2 de febrero, está la referente a una modificación al artículo 123 Constitucional para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, a fin de que los trabajadores que cotizan en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 obtengan el ciento por ciento de su último salario como pensión. Pero esa reforma se tradujo en una reforma legal que fue aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, lo que implica que el Fondo de Pensiones del Bienestar ya es una realidad.

Esta reforma, que era constitucional y se convirtió en legal fue aprobada por la LXV Legislatura, no por la actual; la iniciativa presidencial de cambios constitucional sobre este tema, sin embargo, no ha sido retirada, pero tampoco se ha avanzado en su análisis, que es lo mismo que les ocurre a otras siete iniciativas del paquete de 20 reformas; ocho estén pendientes; de ellas, seis son constitucionales y dos legales.

De las seis reformas constitucionales pendientes, del paquete del plan C, la de llevar a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está congelada en comisiones del Senado.

“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”, dice la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Hasta el momento, de manera oficial no existe explicación de los senadores de Morena sobre los motivos que los llevaron a congelar esa reforma. Está también la reforma constitucional sobre protección de la salud.

La reforma plantea que, “para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.

“Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”, propone.

Pero los comisiones de la Cámara de Diputados no han avanzado en el tema, en medio de peticiones de la industria tabacalera por no prohibir el uso de vapeadores, porque eso generará un mercado negro que sí pondrá en riesgo la salud de los jóvenes, según explican.

Está pendiente también la reforma en materia de alimentación, ambiente sano y derecho al agua, que incluye la prohibición desde la Constitución del maíz transgénico. Las comisiones de los diputados federales no han tocado el tema, luego de que México perdiera un panel comercial internacional por esa prohibición.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. El país se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. Debe priorizarse su manejo agroecológico.

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, y asegurará la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y preferente sobre cualquier otro uso.

“El Estado garantizará este derecho, por lo que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, y establecerá la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadania para la consecución de dichos fines”, dice la propuesta del ex mandatario federal.

De igual manera no se ha avanzado entre los diputados federales sobre la reforma constitucional en materia de austeridad republicana y salario de los servidores públicos.

“La remuneración integral del Presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.

“No forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia”, dice la reforma.

Establece también que “los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.

Además, no se han aprobado las dos reformas legales que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una referente a reducir el 100% de los intereses moratorios por el retraso en el pago de cuotas del ISSSTE por parte de gobiernos estatales y municipales y la referente a la desaparición de diversas dependencias federales y organismos de atención a diversos grupos vulnerables.

La actual LXVI Legislatura impuso un récord histórico en la aprobación de reformas constitucionales, pues en sólo tres meses, además de las reformas incluidas en el plan C, aprobó dos cambios constitucionales propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum: igualdad sustantiva y más atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De igual manera aprobó una reforma constitucional en materia de supremacía constitucional, que nació de una reunión del partido Morena y que fue presentada por los coordinadores morenistas en el Congreso de la Unión, para que nadie pueda controvertir las reformas constitucionales.