Avanza el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres: 50 mil ya tienen certeza sobre sus tierras
La representación de las mujeres en la propiedad social pasó de apenas 1% en 1971 a 28% cinco décadas después. El Gobierno federal busca que al cierre del sexenio al menos 250 mil mujeres más sean titulares de tierras ejidales y comunales.
Más mujeres con derechos sobre la tierra
El reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres registra un avance significativo en México. De octubre de 2024 a septiembre de 2026, 50 mil mujeres campesinas, ejidatarias y comuneras han recibido certificados y títulos que les dan certeza jurídica sobre sus tierras, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La dependencia informó que el fortalecimiento de los derechos de las mujeres sobre la propiedad social forma parte de una estrategia para ampliar su participación en las comunidades agrarias y, con ello, su presencia en los espacios donde se toman decisiones sobre el territorio.
El anuncio se dio en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, donde la Sedatu destacó que el acceso de las mujeres a la titularidad de la tierra ha aumentado de manera considerable en las últimas décadas, aunque persisten brechas importantes.
De 1% a 28% en cinco décadas
En 1971, cuando las mujeres comenzaron a tener reconocimiento como ejidatarias o comuneras, apenas 1% de las personas con derechos agrarios eran mujeres.
Cincuenta años después, la proporción alcanza 28%. Actualmente, de los 5.2 millones de sujetos agrarios con derechos en el país, alrededor de 1.5 millones son mujeres.
Para el Gobierno federal, el reto ahora es acelerar este proceso. La meta planteada es que, al finalizar el sexenio, al menos 250 mil mujeres más se conviertan en titulares de sus tierras.
Más allá de contar con un documento que acredite la propiedad o los derechos agrarios, la titularidad representa para las mujeres una herramienta para participar en las decisiones de sus ejidos y comunidades y tener mayor capacidad para defender sus derechos sobre el territorio.
Usos y costumbres, otra barrera para las mujeres
La Sedatu reconoce que el problema no se limita a los trámites para obtener un certificado o título. En distintas comunidades persisten prácticas sociales, usos y costumbres, sistemas normativos indígenas y tradiciones que pueden dificultar que las mujeres accedan a la propiedad de la tierra.
La directora general para la Igualdad de Género en la Propiedad Social de la Sedatu, Gabriela Rangel Faz, explicó que uno de los obstáculos identificados está relacionado con la forma en que las familias deciden a quién heredar las tierras.
Entre las ideas que persisten, señaló, está la percepción de que las mujeres no podrán trabajar la tierra de la misma manera que los hombres o que, al casarse, dejarán la comunidad. Bajo esa lógica, la herencia suele favorecer a los hijos varones.
La funcionaria también advirtió sobre otro fenómeno: muchas mujeres llegan a convertirse en titulares de la tierra hasta los 60 años o más, una situación que limita el tiempo y las condiciones que tienen para ejercer plenamente sus derechos agrarios.
Una estrategia de 10 acciones
Para enfrentar estas desigualdades, la Sedatu puso en marcha una estrategia integral de 10 acciones enfocada en transformar procesos sociales y fortalecer la igualdad de género dentro del sector agrario.
El objetivo es que el avance en la titularidad de la tierra vaya acompañado de una mayor participación de las mujeres en la vida comunitaria y en los espacios de toma de decisiones.
Los datos muestran un cambio importante respecto a la situación de hace medio siglo. Sin embargo, el hecho de que las mujeres todavía representen menos de un tercio de las personas con derechos sobre la propiedad social evidencia que la igualdad en el acceso y control de la tierra sigue siendo un reto pendiente en el campo mexicano.
El desafío para los próximos años será que el aumento en el número de mujeres titulares no se quede únicamente en los documentos, sino que se traduzca también en mayor autonomía, participación comunitaria y capacidad para decidir sobre el territorio que habitan y trabajan.
