El régimen de la desconfianza y los organismos autónomos
*Felipe Fuentes Muruaga.
La democracia es el régimen de la desconfianza. Primero, desconfiamos que exista alguien que nazca con el derecho a gobernarnos, por eso elegimos a nuestros representantes a través de elecciones libres y periódicas. Después, desconfiamos de nuestros representantes y su capacidad para cumplir lo que nos prometen, por eso generamos mecanismos de control que eviten que la representación se vuelva dominación. Es ese derecho a desconfiar lo que nos vuelve una sociedad libre y democrática.
Desde su aparición en siglo XVIII, las democracias representativas emergieron como la contraposición a los gobiernos absolutistas. Su objetivo, antes que llevar al pueblo al poder, era evitar la tiranía. “El verdadero problema de la democracia […] consiste en impedir la dictadura”, escribía Karl Popper en sus “Las lecciones de este siglo”.
Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no bastaba con dividir de manera formal al poder político. Las sociedades se habían vuelto tan diversas, plurales y complejas, que era necesario crear instituciones autónomas que alejaran de la politización, funciones especializadas de trascendencia pública.
Siguiendo una tendencia global, a finales del siglo pasado, en México proliferaron los organismos constitucionales autónomos. Estas instituciones cumplen distintas funciones y responden a diversos objetivos, pero todas comparten un mismo propósito: acotar las facultades meta constitucionales del Poder Ejecutivo.
Bajo el argumento de la austeridad administrativa, es ese poder acotado quien acusa a los Organismos Constitucionales Autónomos de ser instituciones costosas que no benefician al pueblo. Instituciones creadas en tiempos oscuros que son el símbolo de la confiscación del poder popular por la tecnocracia perversa.
Mucho se ha escrito sobre los beneficios de estos organismos que desmienten esta afirmación, pero quizá el más palpable sea el germinal ecosistema democrático en el cual vivimos: México no solo ha hilvanado poco más de dos décadas consecutivas donde los partidos políticos que gobiernan pierden elecciones; además, ha construido un andamiaje institucional que ha ampliado los derechos y las libertades básicos de la ciudadanía como la libertad de expresión y el derecho a la información y transparencia, así como la rendición de cuentas de quienes nos gobiernan. Derechos y libertades fundamentales que trascienden la legitimidad entendida como cualidad jurídica, estrictamente procedimental, resultado de las urnas, y que al ser ejercidas y tuteladas no solo amplifican la calidad de la legitimidad electoral de la que gozan los gobiernos, sino que además compensan la erosión natural de la confianza en quienes nos representan.
En ese sentido, si de lo que se trata es de economizar y beneficiar al pueblo, no hay mejor inversión que la de fortalecer a aquellos organismos que entrecruzan prácticas democráticas , ponen a prueba a los gobiernos y organizan y administran la desconfianza. Después de todo contar con una ciudadanía participativa y vigilante, capaz de medir y pesar la calidad y la eficacia de la gestión gubernamental nos beneficia a todas y a todos.
Por supuesto, también es natural desconfiar de los organismos autónomos. Al final del día, la historia de las democracias es indisociable de tensiones y cuestionamientos permanentes. Sin embargo, no es través de reformas constitucionales dirigidas a desaparecer contrapesos formales y reconcentrando el poder como se garantizan los derechos y libertades de la ciudadanía. Es, en todo caso, robusteciendo la evaluación documentada y técnicamente argumentada de las acciones particulares y las políticas más generales de nuestros gobiernos.
Maestro en Comunicación Social y Política.
@MuruagaFelipe
