Piden ONG´s a gobiernos garantizar la seguridad e integridad física de las personas que se desplazan forzadamente en “caravanas” migrantes
Organizaciones sociales y grupos protectores de los derechos humanos emitieron un comunicado en el que acusan a los gobiernos de criminalizar y estigmatizar la migración, además de negar el derecho asilo, “con excusa de la emergencia sanitaria” que se vive en el mundo.
En un comunicado enviado este viernes a los medios de comunicación, organizaciones sociales como Asociación Pop No’j, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Pastoral de Migración Iglesia Luterana Mexicana, Puente Ciudadano AC
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), entre muchas otras, señalan que el desplazamiento forzado de miles de personas es resultado de la corrupción, inseguridad, las múltiples violencias, las muertes, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la militarización de las fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.
Los firmantes expresan que esta situación que tienen un trasfondo político y económico estructural son responsabilidad de los Estados centroamericanos, mexicano y estadounidense, y se ha profundizado gravemente debido a la pandemia por COVID-19.
La noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1ro de octubre de 2020, un grupo de aproximadamente 2,000 personas salió de la Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de emigrar hacia México y Estados Unidos. El grupo conformado por familias, mujeres, hombres, niñas, niños, y adolescentes acompañados y no acompañados, se dirigió, en su mayoría, a la frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala, mientras que otros grupos se dirigieron a la frontera de Agua Caliente. En el camino ambas fronteras se encontraron con un amplio despliegue policiaco y militar que les impidió el paso, a pesar de esto, las personas continuaron su camino ingresando a territorio guatemalteco.
En respuesta señalan que los gobiernos guatemalteco y mexicano emitieron una serie de comunicados que estigmatizan y criminalizan a las personas que en este momento se encuentran desplazándose hacia México.
Por su parte el gobierno mexicano publicó un comunicado de prensa, señalando que de acuerdo a los códigos penales de Chiapas y Tabasco se puede sancionar con una pena de entre 5 y 10 años de prisión a las personas que pongan en riesgo de contagio a otras, llevando al ambito penal un hecho que requiere atención desde la protección y garantía de derechos humanos, y en consecuencia, un despliegue de atención humanitaria que permita garantizar los derechos a la seguridad, a la salud y a la vida de las personas en movilidad, poniendo especial atención en los niños, niñas y adolescentes que integran el contingente.
Las organizaciones firmantes hacen un llamado al gobierno mexicano y
guatemalteco para:
1. Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que se desplazan
forzadamente en “caravanas”.
2. Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y brindar
asistencia humanitaria a los grupos que hoy se desplazan, procurando garantizar el
derecho a la salud. Así como, garantizar los derechos de todas las personas que los
integran, en especial los de las niñas, niños y adolescentes quienes bajo ninguna
circunstancia deben ser detenidos.
3. Cesar los discursos discriminatorios y xenófobos que alimentan actos de violencia en
contra de las personas en contextos de movilidad.
4. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las comunidades a ser empáticas y
solidarias con quienes buscan protección y una vida digna.
