Una década de injusticia y engaños.

A diez años de la fatídica noche de Iguala en que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno que termina pervirtió tanto la investigación que volvió el caso irresoluble.

Ese 26 de septiembre de 2014, pistoleros de Guerreros Unidos perpetraron ataques contra los estudiantes, contra jóvenes futbolistas de Los Avispones y contra la población civil de esa ciudad antes de asesinar a mansalva a los estudiantes.

Identificados los restos de tres, 40 siguen desaparecidos y sus familias, que buscan verdad y justicia, solo tienen engaños e injusticia.

Injusticia pura para los muchachos que levantaron policías municipales para entregarlos a sus asesinos; engaños e injusticia para las familias que siguen dependiendo de “servidores públicos” incompetentes y de sus representantes que, lejos de ayudar al esclarecimiento del crimen, entorpecen la búsqueda de justicia y hacen indescifrable la verdad.

Injusticia y engaño para todos quienes hemos soportado la desgarradora situación y que mantenemos con nuestros impuestos a “servidores públicos” que solo sirven para fabricar, inventar y degradar la procuración de “justicia”. Runfla de vividores del dolor ajeno que engañan, entorpecen las indagaciones y traicionan, pero gozan de impunidad.

Injusticia para el ex procurador Jesús Murillo Karam, para el ex policía dizque “torturador” Tomás Zerón y para los militares inculpados con expedientes hechizos con el fin de insinuar que se trató de un “crimen de Estado”.

A diez años de la tragedia, las familias de los desaparecidos y de los acusados injustamente se encuentran cada vez más lejos de acceder a la justicia.

Por necedad e ineptitud, esos “servidores públicos” le han fallado a los padres y demás familiares y amigos, pero también a los mexicanos que financiamos su paga inmerecida.

Lo que más indigna es que la 4T pudo, pero no quiso resolver el caso. Tenía todo para determinar el paradero final de los estudiantes, pero declinó hacerlo. Bastaba con que cumpliera la recomendación heredada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2018: remitir a la universidad de Innsbruck los 114 restos óseos propuestos para su análisis genético, pero no lo hizo por no convenir a sus mezquinos intereses, tan facciosos como los del gobierno y de los detractores de la verdad a que llegaron la extinta Procuraduría y, con muchos más elementos probatorios, la CNDH de Raúl González Pérez.

Fiscales y titulares de la mentirosa Comisión “de la Verdad” van y vienen acompañados por ONG, aventurando teorías y haciendo señalamientos excluyentes contra presuntos y auténticos culpables para terminar culpándose entre sí, pero las familias siguen y seguirán esperando que el “segundo piso” del cuatroteísmo no sea indolente y les diga la verdad.

A cuatro días de concluir su gestión, Andrés Manuel López Obrador nada resolvió, pero promete que eso hará su sucesora.

Parodiándolo y con el respeto debido, estábamos mejor cuando estábamos peor…