Trafigura e Impulsora de Productos Sustentables, estarían involucradas en robo de combustible en altamar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estarían siguiendo la pista a una red que a través de barcos nacionales y extranjeros de la empresa mexicana Impulsora de Productos Sustentables y la transnacional Trafigura operarían el robo de combustible en espacio marítimo. Esta poderosa red criminal involucraría a distintos inversionistas, entre los que destacan los nombres de Alejandro Valle y Amado Yáñez.

Las autoridades siguen la pista de ambas empresas quienes habrían diseñado una nueva forma de traficar huachicol en altamar, para cual habrían echado mano de una red de compañías factureras, gasolinerías y en la cual más empresarios a los que se les sigue la pista, estarían involucrados.

De acuerdo a lo que se sabe, el robo se realizaría utilizando embarcaciones nacionales y extranjeras que simulan sacar el combustible del país en miles de barriles de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que luego reintroducen a través de diferentes puertos, aparentando su importación, incluso en, incluso haciéndolo directamente desde las mismas plataformas marinas de la Sonda de Campeche.

Los reportes destacan los casos de la trasnacional Trafigura y el de la mexicana Impulsora de Productos Sustentables (IPS), quienes utilizan documentación falsa de su origen para ingresar al país el combustible, que una vez en el país es distribuido rápidamente en pipas a gasolineras de los propios empresarios u otras, con precio de venta menor al establecido.

Hasta ahora, las Secretarías de Marina Armada de México –como cabeza de sector de los puertos– y de Hacienda –a través de la UIF y el SAT– han logrado detener dos barcos propiedad de Trafigura e IPS, en operativos para asegurar los cargamentos, con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

La indagatoria de Trafigura también llegó a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quienes habrían tomado medidas contra dicha trasnacional con la suspensión de cinco permisos para importar gasolinas y turbosinas, el pasado 20 de septiembre, por parte de la CRE.

Por su parte, Impulsora de Productos Sustentables –propiedad de Galem Energy, además de su presunta participación en el mercado ilícito de combustibles, la justicia mexicana indaga su relación directa con empresas factureras, su posible colusión con otras compañías para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso sus probables vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este caso la Comisión Reguladora de Energía emitió las sanciones de permisos el 19 de mayo pasado.

LA HISTORIA

Trafigura comenzó a ser investigada hace unos meses cuando intentó ingresar un cargamento de combustibles por el puerto de Tuxpan, Veracruz, careciendo de la documentación que lo respaldaba, por lo que la Capitanía de Puerto no le permitió el ingreso e informó de inmediato a la Secretaría de Marina; sin embargo, la tripulación del barco logró descargar la mayoría del producto en el tiempo en el que se movilizaban las autoridades para impedírselo.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República e informado a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía -encargada de los permisos– y a la Secretaría de Hacienda, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) iniciaran las investigaciones pertinentes, mientras Marina junto a la FGR aseguraron el combustible.

La trasnacional no quiso pronunciarse sobre estas investigaciones ni sobre el cargamento presuntamente ilegal, aunque en su momento el portavoz estableció que no existían razones válidas que justifiquen la suspensión de los permisos de importación y que cumplía con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde opera.

AMADO YÁÑEZ y EL BARCO DE IMPORTADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

El caso de Importadora de Productos Sustentables, que involucra al empresario exconvicto Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía y exsocio de los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes durante la administración de Vicente Fox cabildeaban contratos en Pemex a favor de empresas privadas. Informes de inteligencia revelan que el inversionista negociaría a nombre de IPS sin aparecer formalmente como socio.

La historia de sospecha llega también del mismo puerto de Tuxpan en donde el barco de la empresa mexicana intentó descargar combustible de origen ilegal. En siete ocasiones la Capitanía de Puerto le impidió hacerlo: cada vez que recibía una negativa, la embarcación salía a mar abierto y regresaba con otro documento falso; cuando se volvía a detectar que era falso volvían a salir.

Al séptimo intento, el barco dio la vuelta por el canal de Panamá y regresó a México, pero esta vez por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí lograron bajar el combustible, aunque llamaron la atención de pobladores que denunciaron a las autoridades federales el movimiento de decenas de pipas, algo inusual en ese puerto que de manera cotidiana el movimiento es de otro tipo de cargamentos, pero no combustible ante la falta de ductos.

Las autoridades locales alertaron a la Guardia Nacional por lo que podría constituir un problema de seguridad nacional, relacionado a un tema de delincuencia organizada y posible narcotráfico. El barco fue asegurado, pero en el proceso de investigación el capitán del mismo fue asesinado.

En los expedientes de la investigación se establece que el contacto con trabajadores de Pemex es Amado Yáñez y que el combustible lo roban directamente de las plataformas de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche: lo sacan al Golfo de México, lo llevan a mar abierto y lo regresan por Tuxpan para posteriormente ingresarlo como si se tratara de importaciones amparadas con documentación falsa.

Cifras del último Informe Nacional de Seguridad detallan que, actualmente, PEMEX sufre un hurto promedio de 4.5 mil barriles de hidrocarburos diarios, mientras que en 2018 –el último año del gobierno de Enrique Peña– el promedio alcanzó los 56 mil barriles diarios robados. El reporte añade que el 20 de septiembre fueron sustraídos ilegalmente 5 mil barriles; el 21 de septiembre, 6 mil y el día 22, 4 mil barriles.

 

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