Exigen defender patrimonio del pueblo oaxaqueño
La 65 Legislatura del Congreso local aprobó diversos puntos de acuerdo para exhortar a distintas autoridades actuar para garantizar los derechos humanos así como la protección del patrimonio de Oaxaca.
Mediante un primer exhorto aprobado de urgente y obvia resolución, solicitaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial rectificar o dejar sin efectos la resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen del Mezcal para incluir a los municipios del Estado de Sinaloa, en razón que propicia afectaciones irreparables en la red de valor agave-maguey-mezcal en el Estado de Oaxaca.
Asimismo, que la Federación establezca los mecanismos de comunicación con el Estado de Oaxaca y sus municipios, para la aplicación de manera inmediata de la ley en materia de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades.
En materia de combate a la corrupción, diputadas y diputados exigieron a la fiscalía especializada en la materia, investigar los señalamientos de corrupción por parte de los pobladores hacia la autoridad de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec. También, para que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca contemple al referido ayuntamiento en la calendarización de auditorías en el año 2022.
Preocupada por la defensa de los derechos de las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, la representación popular pidió a las autoridades municipales actuales y electas crear instancias para atender y apoyar a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+ en los municipios de la entidad.
Asimismo demandaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que ejecute las acciones encaminadas a solucionar la grave crisis financiera, administrativa y laboral por la que atraviesan los Servicios de Salud de Oaxaca, que afectan a la ciudadanía.
El Pleno del Poder Legislativo también emplazó a las autoridades encargadas y con responsabilidad en materia de búsqueda de personas, a entregar en un plazo de 10 días, un informe sobre el estado que guarda esta problemática social, principalmente por hechos cometidos contra niñas y mujeres, así como intensificar las acciones para encontrar con vida a las víctimas.
