Hasta que la dignidad se haga costumbre
En días pasados circuló en Twitter y en las demás redes sociales una publicación, en la que planteaban lo bueno que sería que todos los países de Latinoamérica, integrar a la cartilla de vacunación la inyección anticonceptiva para que se aplicará a partir de los 12 años, y de esta manera se frenarían los embarazos no deseados en adolescentes, hasta que pudiesen llegar a una edad adulta, puesto que dicha inyección tiene una duración de 13 años aproximadamente.
Lo que a mi consideración sería una estrategia que restringiría de manera agresiva a derechos humanos, por lo que me parece de especial importancia resaltar lo importante que son estos últimos y cuanto se ha luchado por la dignidad de las personas, para que a estas alturas de la historia, todavía se piense en medidas tan impositivas para el control de la población, pues el ultraje a la dignidad humana ha sido moneda corriente y continúa siéndolo, en razón que a lo largo de la historia, la población se ha dividido en dos, los que defienden conductas humillantes o degradantes, y por el otro lado quienes han buscado la libertad y bienestar de los seres humanos que han sido marginados u oprimidos.
Aunado a que, para muchas personas es preferible el cuartar el derecho sobre su cuerpo a los pobres a coadyuvar para que exista una educación sexual integral desde temprana edad.
Ahora bien, la razón por la que un post como el anterior, tuviera mayor impacto se debe a que en varias comunidades indígenas del país, ya se han visto prácticas similares, en las que los médicos han implantado el dispositivo intrauterino (DIU), en mujeres que son obligadas a firmar un documento en el que dan su consentimiento cuando se encuentran ya en labor de parto o adoloridas.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, que involucran que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida sexual o su identidad, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Como derechos humanos universales, todos los Estados tienen la obligación de respetarlos protegerlos y hacerlos realidad.
Por lo anterior, deberíamos exigir que se cumpliera con lo que acordó en la Conferencia de El Cairo en el año 1994, dedicando el Capítulo XI.A de su Programa de Acción a las obligaciones de los Estados en materia de educación sexual. En él se afirma que los Estados deben “incorporar en los programas de estudios temas sobre la relación entre la población y el desarrollo sostenible, las cuestiones de salud, incluida la salud reproductiva, y la igualdad entre los sexos, y mejorar su contenido a fin de fomentar una mayor responsabilidad y conciencia al respecto”.
