El Estado entró; la crítica llegó tarde y con el expediente gris

El 3 de noviembre de 2026, después de casi seis años de abandono, 26 instituciones estatales y federales ingresaron a Tierra Blanca Copala con acuerdo de la comunidad y una presencia permanente de seguridad. Es la primera de tres fases para rehabilitar escuelas, clínica, caminos y servicios, y abrir la ruta de regreso a más de 140 familias refugiadas en Yosoyuxi, a sólo seis kilómetros de sus hogares.

No es un triunfo consumado y nadie debería venderlo así: las familias han sufrido promesas rotas, mesas abandonadas y plazos vencidos. Pero apenas se abrió la puerta, aparecieron los críticos. Y entre ellos hay nombres que la memoria triqui conoce bien, no por haber abierto caminos, sino por haberlos cerrado.

Emelia Ortiz: la que puso “cadena” el 27 de julio

En julio de 2021 el retorno estaba listo. Había protocolo firmado por Segego y Gobernación, Guardia Nacional, policía estatal y acompañamiento federal. Las 143 familias habían levantado su plantón en la Ciudad de México para volver. Llegaron a cien metros de su comunidad.

Ahí las esperaba un bloqueo. Las familias, su vocero Horacio Santiago y el MULTI identificaron a quien lo encabezaba: Emelia Ortiz García, entonces diputada federal suplente de Morena y dirigente del MULT. La acusaron de poner una cadena en la entrada y de operar a nombre de la diputada titular, Beatriz Pérez López. La acusación quedó asentada incluso en un punto de acuerdo presentado ante el Congreso de la Unión, que describe el acceso bloqueado con cadenas y piedras.

El resultado fue brutal: las familias volvieron a dormir en la banqueta del Eje Central. Cinco años más de destierro, con niños creciendo lejos de su escuela y de su tierra.

Emelia Ortiz lo negó. Dijo que fue a Tierra Blanca ese día, pero “de ninguna manera” para interrumpir. Y en la misma defensa explicó su verdadera objeción: no quería que entraran la Guardia Nacional ni la policía, porque sólo cuidarían a los “supuestos desplazados”. Supuestos. Así llamó a familias reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado por la CNDH y protegidas por medidas cautelares de la CIDH. Esa palabra dice más que cualquier desmentido.

Quien en 2021 se opuso a que el Estado entrara a Tierra Blanca no tiene hoy la autoridad moral para reprocharle cómo entró.

Rogelio Pensamiento: un exdirigente sin base que ahora pretende hablar por ella

En julio de 2021, cuando el retorno se vino abajo, el MULT tenía un dirigente: Rogelio Pensamiento Mesinas. No hay registro de que haya ordenado retirar el bloqueo. Lo que hizo fue anunciar una huelga de hambre y una caravana a la capital. Ruido, no soluciones. El MULTI, por su parte, lo incluyó en la lista de quienes responsabilizó del desplazamiento.

Un año después su propia gente le pasó la factura. El 13 de agosto de 2022, la Asamblea General Comunitaria del MULT en Rastrojo Copala lo expulsó por unanimidad. No por diferencias de estrategia: por pérdida de confianza, falta de transparencia y falta de rendición de cuentas. Tres causas que, en cualquier organización que se respete, significan lo mismo: no supo explicar qué hizo con lo que se le confió.

La base no se conformó con echarlo. Notificó a los gobiernos federal, estatal y municipal, al Senado y a los congresos para que nadie fuera “sorprendido” por él, y desconoció cualquier acuerdo que hubiera negociado a nombre del movimiento. Pocas veces una organización advierte formalmente a todas las instituciones del país que su exlíder ya no habla por ella. Ese aviso sigue vigente.

El comunicado de su destitución habló de traiciones y de quienes, seducidos por “el color del dinero”, se prestaron a la simulación y se enriquecieron con el dolor de la Montaña Roja. Fue el mensaje con que una organización con más de 400 militantes asesinados despidió a su dirigente.

No es su primer episodio. Exdirigente de la Sección 22, figura de la APPO en 2006 con varias órdenes de aprehensión en su contra, y en 2014, como exagente de San Luis Beltrán, acusado por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de querer imponer a un sobrino político como sucesor, en una asamblea que las autoridades consideraron un riesgo para la paz. El patrón se repite: cargos de representación que terminan en ruptura.

Los que se desconocieron, ahora “comen” juntos

Hay un detalle que exhibe la fragilidad de la crítica. La Coordinación Política Colectiva que sustituyó a Pensamiento en 2022 la integraba, entre otros, Emelia Ortiz García. Ella fue parte de la dirigencia que lo removió por falta de confianza y de cuentas claras.

Si hoy coinciden en la misma trinchera contra el retorno, alguno de los dos debe explicar qué cambió:

¿recuperó él la confianza que perdió, o los une algo distinto al bienestar de las familias?
Las cuentas pendientes

La crítica al poder es indispensable y ningún gobierno merece un cheque en blanco. Pero criticar exige tener las manos limpias en el mismo asunto.

Estas preguntas siguen sin respuesta:

Emelia Ortiz: si no fue usted, ¿quién puso la cadena el 27 de julio de 2021? ¿Sigue considerando “supuestos desplazados” a las familias de Yosoyuxi?

Rogelio Pensamiento: ¿ya rindió las cuentas que la asamblea de Rastrojo le exigió? ¿A nombre de quién habla hoy, si su propia base notificó al país que ya no la representa?

A ambos: ¿qué hicieron en cinco años para que una sola familia regresara? ¿Qué proponen hoy, además de descalificar?

Y al gobierno de Oaxaca, para que nadie se esconda tras la crítica ajena: ¿cuándo, con qué presupuesto y con qué garantías se cumplirán las dos fases que faltan?

La historia del conflicto triqui tiene memoria, y esa memoria no se borra con una carta abierta. Seis años de destierro tienen responsables, y algunos tienen nombre y apellido.

El pueblo triqui tiene derecho a conocer los hechos, a exigir cuentas a quienes dijeron representarlo y a volver, por fin, a su propia tierra.

Quienes ya tuvieron la llave de ese regreso y la dejaron en el cerrojo, deben explicar antes de opinar.

Por: Froylán Méndez Ferrer
sinmco.org / ansic.mx