Robaron identidad a adultos mayores, ahora los acusan de defraudación fiscal y lavado de dinero
(contralacorrupcion.mx).- Irene estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió, sin saberlo, en una prolífica empresaria. En cosa de medio año fue registrada como dueña de al menos cinco empresas e integrante del consejo de otras dos. En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público.
Otros vecinos de Irene -todos adultos mayores- también se volvieron de improviso empresarios.
Cuauhtémoc, de 84 años, es accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula, en el segundo sector de la colonia Valle Verde, una zona popular de Monterrey. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
Sus identidades -y las de al menos otros 10 adultos mayores de la misma zona- fueron robadas para crear una extensa red de al menos 45 empresas fantasma que es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Una de las empresas en las que Irene aparece como accionista se llama Consultoría SOW SA de CV, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.
Mientras que Desarrollo Comercial Lexir, otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias del líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, quien en julio de 2019 fue sentenciado a 18 años de cárcel.
Empresas de esta red también simularon operaciones con gobiernos de distintos estados y con el PRI nacional, el PVEM y con la delegación Benito Juárez en la capital del país en tiempos de Jorge Romero como titular de esa demarcación.
El SAT ya ha incluido a 24 empresas de la red en la lista de simuladoras de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como compañías “fantasma”, porque carecen de instalaciones, empleados e infraestructura.
Una red de lavado internacional
Consultoría SOW ha participado en un esquema de presunto lavado de dinero que involucra a empresas y personas de México, Reino Unido, Panamá, Estados Unidos y Argentina, de acuerdo con reportes bancarios confidenciales entregados a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro dedicada a rastrear crímenes financieros.
Los reportes de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) fueron compartidos por BuzzFeed como parte de un proyecto periodístico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), del que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Vínculo con La Estafa Maestra
Una de las socias de Consultoría SOW, la empresa investigada en Estados Unidos por lavado de dinero internacional, también es accionista de Grupo Tecnológico JXA, una de las firmas fantasma que fueron utilizadas para saquear recursos públicos en “La Estafa Maestra”, revelada por MCCI y Animal Político en septiembre de 2017.
La forma en que JXA fue utilizada en aquel caso de corrupción, fue la siguiente:
El 15 de noviembre de 2013, Banobras contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para administrar su red inalámbrica y de telefonía digital, pero como la institución no tenía la capacidad para dar ese servicio, aquel mismo día subcontrató a Evolution Software SA de CV, la cual a su vez subcontrató a otras cuatro empresas, entre ellas el Grupo Tecnológico JXA.
La UAEM le pagó 48.6 millones de pesos a Evolution Software, pero el servicio sólo costaba 12.6 millones de pesos, que es el monto por el que subcontrató a JXA y a otras tres empresas. Es decir, cobró un sobreprecio de 36 millones.
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