Mis dos centavos | ¿De quién es la culpa?

Argel Ríos

@argelrios

Hace unos días en las redes sociales, circuló una noticia que llamó mi atención, una persona habría disparado en contra de unos manifestantes, porque le pedían dinero para cruzar el bloqueo que mantenían en una caseta de cobro.

La información que llegó a mi celular decía que una persona resultó herida de bala cuando otra comenzó a disparar en el bloqueo en la caseta de cobro de Huitzo ubicada en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan.

Esa información me sorprendió, sobre todo por los comentarios que se podían leer en las redes sociales, “uno se cansa de bloqueos”, “¿y no traía más balas para los demás?” y calificaban como “héroe” a la persona que disparó.

Esos comentarios me llevaron a cuestionarme, ¿quién tiene la culpa?

Son los manifestantes a quienes las administraciones les han hecho creer que el bloqueo es un uso y costumbre para ser recibidos, es como si bloquear calles y tomar oficinas es la ventanilla de atención del gobierno en turno. Que en la historia reciente pareciera no bastar y por ello aumentan las acciones violentas y vemos bloqueos que duran varios días, funcionarios municipales amarrados, vejados y amagues que acrecientan la conflictividad en los municipios, al grado de poner en riesgo vidas humanas.

O la culpa es de la persona que disparó, que vive en las manifestaciones y ha visto la transformación de una marcha a bloqueos e impunidad. Donde las instituciones del estado poco hacen por cambiar la percepción de que en Oaxaca todo se puede hacer y nada se castiga.

Que como la última figura en esta cadena de víctimas, queda como aquella que tiene el deber de “aguantarse” hasta que se solucione, no importa cuánto tenga que esperar, si unos minutos o días, si le gritan o golpean, porque los manifestantes tienen su derecho.

Y mientras ello sucede, el gobierno se mantiene inerte, al menos así es la percepción.

Y según yo, ahí tenemos a quién culpar, al gobierno, y dirán “siempre al gobierno”, y pues sí.

Dice la Constitución local, “las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, pluriculturalidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.”

De acuerdo a la evaluación del sistema de justicia penal realizado por la organización México Evalúa, durante el 2019, Oaxaca emitió apenas el 1.2% de sentencias, ubicándose en los últimos lugares en el país, sólo por delante de Tlaxcala (0.9%) y Tabasco (1%).

Y sí se ubicó en los primeros lugares, pero en detenciones calificadas como ilegales con el 69.2%, el porcentaje más alto a nivel nacional.

Hace unos días, la periodista Soledad Jarquín denunció el pésimo actuar de la Fiscalía estatal, pues debido a fallos en la carpeta de investigación, fue liberada la persona imputada por el feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín.

Impunidad, por la inacción del gobierno y sus instituciones. Aquellas que debían promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Aquellas que, a pesar de tener a las comunidades inconformes de frente, no los atiende, no les da las respuestas ni los canaliza para que solucionen sus problemas. Las que dejan que su personal se quede encerrado por horas, cuando bien pudieron evitar el problema.

Esas instituciones que parecieran más preocupadas por la carrera política que por el actuar político, que se preocupan más por el cargo que por sus acciones.

Esos que, para el imaginario colectivo, les importa más una foto que una solución y que parecieran dejar crecer conflictos que se les van de la mano.

Entonces, ¿de quién es la culpa? 

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